Teoría del Delito
EL CONCEPTO DE LEY PENAL Y SU
INTERPRETACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO
SAN JOAQUÍN DE TURMERO - ESTADO ARAGUA
ASIGNATURA: TEORÍA DEL DELITO
FACILITADORA:
Abg. YERINY CONOPOIMA
Maestría Derecho Penal y Criminología.
Trimestre: III.
Cohorte: XXXVII.
Sección "A"
Taller
Individual
Autora:
Carmen Cifuentes
San
Joaquín de Turmero, Marzo, 2018
LAPSO
2018-I
OBJETIVO
Considerar
la teoría del delito, enmarcado en normas y principios que configuran la medida
de legitimidad para aplicación de las leyes penales.
ACTIVIDAD
INDIVIDUAL
Haciendo
uso de su capacidad de síntesis y de pensamiento crítico-reflexivo, respondan
las siguientes cuestiones, a fin de dinamizar y fundamentar el debate temático
sobre los aspectos básicos a tener en cuenta en la formación del magister en
Derecho Penal y Criminología.
RESUMEN
La Ley Penal es la que define los
delitos y las faltas, en ella se
determinan las responsabilidades de los
individuos que violan el ordenamiento jurídico
y especifica las penas que corresponda según el delito cometido. Es por
ello, que al
establecer la primacía del ordenamiento
jurídico, queda entendido que todo hecho o acto que lo vulnere, debe ser
considerado como delitos, por lo cual en el Código Penal están tipificados para
que puedan ser calificados y sancionados de acuerdo a lo allí descrito.
En
virtud del principio de legalidad de los delitos y de las penas, la Ley Penal
representa la única fuente directa e inmediata, propia y verdadera, del derecho
penal. Es la manifestación de la voluntad colectiva, expresada por los órganos
competentes, constitucionales, mediante la cual se tipifica ciertos actos como
delitos y se establecen las sanciones penales aplicables a las personas que los
perpetren.
Las leyes penales, se aplican con criterio territorial a
cuantos residan en el ámbito jurisdiccional de una nación, con las excepciones de
algunas leyes especiales para representantes de otras naciones. Las
leyes penales, según criterio tradicional, se interpretan restrictivamente; es
decir, en caso de duda, a favor del reo y de la absolución.
Por
leyes penales se entiende el Código Penal, el Código Procesal Penal, y las leyes especiales de índole punitiva que
en cada país existen, de acuerdo a sus especificidades.
Palabras
claves: Ley, penal, delitos, penas, legalidad, ordenamiento
jurídico
SUMMARY
The Criminal Law defines crimes and misdemeanors. It determines the
responsibilities of individuals who violate the legal system and specifies the
penalties that correspond to the crime committed. That is why, at establish the
primacy of the legal system, it is understood that any act or act that violates
it, should be considered as crimes, so in the Criminal Code are typified so
that they can be qualified and punished according to what is described there.
By virtue of the principle of legality of crimes and penalties, the Criminal
Law represents the only direct and immediate, proper and true source of
criminal law. It is the manifestation of the collective will, expressed by the
competent, constitutional bodies, by means of which certain acts are typified
as crimes and the penal sanctions applicable to the persons who perpetuate them
are established.
Criminal laws are applied with territorial criteria to all who reside in the
jurisdiction of a nation, with the exceptions of some special laws for
representatives of other nations. Criminal laws, according to traditional
criteria, are interpreted restrictively; that is, in case of doubt, in favor of
the accused and the acquittal.
Penal laws are the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and the special
laws of a punitive nature that exist in each country, according to their
specificities.
Keywords: Law, criminal, offenses, penalties, legality, legal
order
Desarrollo Teórico.
El concepto de Ley Penal y su
interpretación.
La
Ley Penal es la que define los delitos y las faltas, en ella se determinan las responsabilidades de los individuos que
violan el ordenamiento jurídico y
especifica las penas que corresponda según el delito cometido. Al establecer la primacía del ordenamiento
jurídico, queda entendido que todo hecho o acto que lo vulnere, debe ser considerado
como delitos, por lo cual en el Código Penal están tipificados para que puedan
ser calificados y sancionados de acuerdo a lo allí descrito.
En
virtud del principio de legalidad de los delitos y de las penas, la Ley Penal
es la única fuente directa e inmediata, propia y verdadera, del derecho penal.
Es
la manifestación de la voluntad colectiva, expresada por los órganos
competentes, constitucionales, mediante la cual se tipifica ciertos actos como
delitos y se establecen las sanciones penales aplicables a las personas que los
perpetren.
Las leyes penales, se aplican con criterio territorial a
cuantos residan en el ámbito jurisdiccional de una nación, con las excepciones de
algunas leyes especiales para representantes de otras naciones. Las
leyes penales, según criterio tradicional, se interpretan restrictivamente; es
decir, en caso de duda, a favor del reo y de la absolución.
Por
leyes penales se entiende el Código Penal, el Código Procesal Penal, y las leyes especiales de índole punitiva que
en cada país existen, de acuerdo a sus especificidades.
La
Ley Penal, es la única fuente que crea o tipifica los delitos y las penas,
especificando los requisitos materiales y formales exigibles a toda ley. Sin
embargo, la Ley Penal debe tener la categoría de Ley Orgánica cuando las penas
que establezca (penas privativas de libertad) constituyan una violación de los derechos fundamentales reconocidos
constitucionalmente.
En
cuanto a la estructura de la Ley Penal, cabe señalar que en la Ley penal, como
en toda norma jurídica, existe un precepto o presupuesto y una sanción o
consecuencia jurídica. La norma penal establece un presupuesto (la descripción
de un delito, falta) y le vincula una consecuencia imperativa (pena). Esto
ocurre en los tipos penales que integran la llamada parte especial (delitos en
particular) de los Códigos Penales, sin que se pueda extender esta técnica a la
parte general de los textos penales, formada para evitar repeticiones de la
norma penal.
Grisanti
Aveledo (2014) señala las siguientes características de la ley penal:
1. Es exclusiva: En
virtud del principio de la legalidad de los
delitos y de las penas, es la única fuente propia y verdadera del
Derecho Penal: solo en ellas encontramos la descripción de los delitos y las
penas aplicables a los delincuentes. No hay mas delitos que los descritos en la
ley penal, no deben aplicarse sanciones diferentes a las previstas en la ley
penal.
2. Es Liberal:
Consagra la garantía de la libertad, solo entra en juego cuando una persona
comete un acto consagrado en la ley penal como delito. Mientras no lo cometa,
debe tener la certeza que no será sancionado penalmente, de que no le será
aplicada sanción penal alguna. Estas son las características propias de la ley
penal y tiene otras que son comunes a todas las leyes.
3. Es Obligatoria:
Tiene fuerza vinculatoria, obliga a todas las personas que se encuentran en el
territorio de la república; y en ciertos casos, la ley penal se aplica a los
autores de delitos perpetrados en el extranjero.
4. Es Ineludible:
Solamente puede ser derogada por otra ley penal. Los jueces no pueden
derogarla. Como toda ley, solo puede ser derogada por el poder legislativo, con
el procedimiento previsto para las reformas de las leyes; y mientras la ley no
haya sido modificada, mantiene toda su fuerza obligatoria.
5. Es Igualitaria:
Rige por igual en todos los casos a todas las personas, sin distinción de trato
jurídico basado en credos, razas, condición social, etc.; de una persona
determinada.
6. Es Constitucional: Para
que la ley penal sea plenamente válida,
debe adaptarse por completo en el fondo y en la forma, a la constitución
nacional. Si una ley no se adapta a la constitución, puede ser atacada por el
recurso de inconstitucional. La constitución está por encima de las leyes
ordinarias, y está subordinada en su validez a aquellas. Si una ley infringe o
viola una norma constitucional, será sometida al mencionado recurso.
La Ley penal expresa el
pensamiento del legislador e implica siempre un juicio de valor -imperativo y
desfavorable- sobre determinada conducta que desaprueba y castiga con una pena.
La función que desempeña la Ley penal es castigar determinadas conductas,
implicando indirectamente la prohibición de las mismas o estableciendo
mediatamente una norma de conducta. Las normas que describen delitos o faltas y
establecen penas se dirigen a todos los ciudadanos que integran la sociedad y
también a los órganos judiciales encargados de su aplicación, mientras que
estos órganos judiciales del Estado son los únicos destinatarios de las normas
que describen los delitos y establecen las penas correspondientes.
Es
importante señalar que la interpretación de la Ley Penal es la operación lógico – jurídica que tiene
la finalidad de establecer el sentido, el significado y el alcance de las
disposiciones generales y abstractas de las leyes penales, para permitir la
aplicación de las mismas a los casos particulares y concretos que, en materia
penal, plantee la realidad.
Toda ley debe ser
interpretada, aunque las disposiciones que la conformen sean claras a fin de
que su aplicación en los casos concretos o particulares sea la adecuada. Se
debe destacar que lo relevante de la interpretación, es determinar la voluntad
de la ley, ya que esto constituye la finalidad de la interpretación.
La clasificación de la
interpretación de la ley penal señala:
Según
el intérprete:
Interpretación auténtica o
legislativa, es la realizada por el mismo órgano que ha dictado las normas
jurídicas, y se subdivide en:
Interpretación
auténtica o legislativa contextual o simultánea:
que existe cuando en el mismo texto legal están contenidas las normas
interpretadas, que son aquellas cuyo sentido y alcance es menester esclarecer,
y las interpretativas, que son las que tienen por finalidad esclarecer el
sentido y finalidad de las primeras. Tiene fuerza erga omnes, respecto a todas
las personas y en todos los casos que están comprendidos en sus supuestos de
hecho.
Interpretación
auténtica o legislativa posterior: en ciertos casos, tras
haber dictado determinada ley penal, surgen inconvenientes en lo que respecta a
la interpretación y, por lo tanto, en lo que respecta a la aplicación de esa
ley; entonces, el mismo poder que dictó la ley, al darse cuenta de esas
dificultades, dicta posteriormente una nueva ley que tiene por finalidad
aclarar las disposiciones de la anterior, para eliminar de esta manera las
dificultades que se han presentado en la interpretación y aplicación de la
misma ley entrada anteriormente en vigencia; la norma interpretativa está
contenida en un texto legal que entra en vigencia con posterioridad a la ley
interpretada.
Judicial
o jurisprudencial o forense: es la que realizan los jueces
competentes cuando aplican disposiciones generales y abstractas de la ley a los
casos particulares y concretos que plantea la realidad. Tiene fuerza
obligatoria solo en el caso concreto, tiene fuerza obligatoria limitada y
referida al caso concreto que ha sido resuelto por la sentencia en cuestión,
referida a las personas involucradas en el caso concreto que ha sido resuelto
por la sentencia mediante la cual se ha realizado la interpretación judicial de
una determinada disposición legal.
Doctrinal,
doctrinaria o científica: es la realizada por los Maestros del
Derecho, por los juristas especializados en materia penal, con el propósito de
llevar al verdadero sentido de la Ley. No tiene fuerza obligatoria ni general,
ni limitada ni referida al caso concreto. Solo tiene autoridad de razón, tiene
poder de persuasión que se deriva de la solidez y sensatez de los argumentos y razonamientos
que haya empleado el jurista al interpretar una disposición legal, al asignarle un sentido y un alcance determinado.
Según
el medio empleado:
Gramatical: es
aquella que pretende establecer el sentido y alcance de determinada disposición
legal, mediante el examen del significado propio de las palabras que componen
el texto legal; y además, mediante el examen de las relaciones que esas
palabras guardan entre sí. Tiene dos elementos: Uno Literal: que atiende al
significado propio de las palabras que integran el texto legal; y, otro
Sintáctico: que toma en cuenta las relaciones que guardan entre ellas las
palabras que integran el texto legal.
Teleológica
o finalista: cuando una disposición está oscuramente
redactada, no basta con examinar las palabras de la ley y las relaciones de
éstas, para poder esclarecer el sentido y significado hay que remontarse a la
realidad para la cual fue dictada esa ley, a la razón que tuvo el legislador
para dictar una disposición legal determinada.
Según
los resultados alcanzados:
Declarativa:
existe interpretación declarativa cuando hay total conformidad entre el texto
legal y la voluntad de la ley.
Extensiva:
cuando el texto legal no alcanza a expresar toda la voluntad legislativa y por
eso hay que extender el significado propio de las palabras, para poner de
acuerdo el texto legal con la voluntad legislativa, y en este caso hay
interpretación extensiva.
Restrictiva: en
ciertos casos, el texto legal expresa más de lo que pretendió expresar la
voluntad legislativa, entonces hay que restringir el significado de las
palabras del texto legal para poner de acuerdo éste con la voluntad
legislativa.
ELEMENTOS
DE LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL
Ratio
Legis: o razón de la ley, el motivo que ha tenido el poder
legislativo para poner en vigencia una disposición determinada.
Elemento
Histórico: Las leyes no nacen por generación espontánea, sino que
hay un proceso desde que se siente la necesidad de dictar disposiciones legales
en una materia determinada, hasta que la ley entra en vigencia efectivamente.
Elemento
Sistemático: entre las diversas disposiciones de una
ley, existen relaciones muy estrictas; y por ello, para poder esclarecer
adecuadamente el sentido y alcance de determinadas disposiciones legales, hay
que conocer toda la Ley, ya que se llegaría a resultados erróneos si se
pretende interpretar dislocadamente una disposición legal sin conocer a
cabalidad toda la ley de la cual forma parte.
Elemento
comparativo extranjero: en muchos casos en lugar de legislar
expresamente para un país determinado, simplemente se escoge la ley extranjera
teóricamente más perfecta y se copia, en ciertos casos, si esa ley escogida es
de idioma extranjero, se traduce al idioma nacional; por lo tanto pudieran
orientar en el esclarecimiento de dicha ley los comentarios hechos por los
juristas de ese país extranjero de donde procede dicha ley. No obstante aun
cuando la ley sea teóricamente perfecta, y haya resultado perfecta en dicho
país, su aplicación en otro país pudiera resultar nefasto, ya que la realidad
política, social, económica etc., es diferente.
Elemento
Extra – penal: en la redacción de una disposición penal,
intervienen términos que no son propios del Derecho penal, sino que
corresponden a otra disciplina jurídica; y cuando esto ocurra, para poder
entender el sentido y alcance de la disposición en cuya redacción se empleó ese
término no propio del Derecho Penal, será menester acudir a la disciplina a la
cual corresponda el término extraño, para que nos esclarezca el significado del
término.
Elemento
Extra – jurídico: en otros casos se emplea en la redacción de
una disposición penal un término o concepto que no pertenece a ninguna
disciplina jurídica, sino que corresponde a otra ciencia o técnica no jurídica,
y por lo tanto, cuando encontremos uno de estos casos tendremos que apelar a la
ciencia o técnica a la que pertenezca ese término para que nos indique el
sentido y alcance de ese término, y nos ponga en condiciones de interpretar
correctamente la disposición penal en la que fue empleado.
INTERPRETACIÓN
PROGRESIVA
Es la que tiene por
finalidad trazar la línea de contacto entre el momento en que entró en vigencia
determinada ley y el presente, en el que ha de ser aplicada, a los casos
particulares y concretos que se presentan en la realidad. Lo importante es
darle a las disposiciones de ley penal el sentido de dichas disposiciones en el
momento de su aplicación de acuerdo a la realidad.
PRINCIPIO
DE LEGALIDAD
Arteaga Sánchez (1992) en su
libro "Derecho Penal Venezolano", al referirse al principio de
legalidad, señala que este se encuentra
establecido en el artículo 1 del Código Penal, indicando que "nadie podrá
ser castigado por un hecho que no estuviere expresamente previsto como punible
por la ley, ni con penas que ella no hubiera establecido previamente".
"Nullum crimen, nulla poena sine lege";
Ningún
Crimen, Ninguna pena, sin previa ley.
El Principio
de Legalidad tiene una significación política por cuando constituye una
garantía para los ciudadanos y el ejercicio de su libertad, asegurándoles que
sólopodrán ser castigados (limitados de libertad) por hechos que hayan sido
previamente establecidos en la ley, lo cual constituye una barrera en contra de
la arbitrariedad de la justicia penal.
En este sentido, cabe resaltar que el principio de legalidad establece un
límite para la aplicación de la ley penal, encontrando así el juez
perfectamente determinada su función. Por lo cual, él no puede establecer una condena
sino por los hechos o acciones que se
encuentren específicamente tipificados en la ley penal.
El Principio se consagra en la Declaración de los Derechos del Hombre en
Filadelfia, en el año 1774, y se señalan sus antecedentes en la Magna Carta
inglesa de Juan Sin Tierra (1215). Es adoptado por la Revolución Francesa y se
anuncia en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, y pasa luego a la
mayor de las legislaciones de los Estados Modernos.
Grasanti Aveledo (2014) refiere que en Venezuela, el principio legalista
rige con rango de precepto constitucional, según lo establecido en el artículo
69, concatenado con el artículo 1 del
código penal, se consagra en materia militar en el art. 6 del Código de
Justicia Militar y finalmente, en materia adjetiva procesal, el Código de Enjuiciamiento
Criminal consagra aplicaciones prácticas del principio legalista en los
artículos 99-109-206, ordinal 1.
Actualmente y con las excepciones anotadas, en las mayorías de los países
civilizados, rige el principio legalista, fue consagrado en una declaración de
carácter internacional: el artículo 11de la Declaración de los Derechos del
Hombre, emitida por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre
de 1948, y por tanto, teóricamente debe estar consagrados en las legislaciones
penales de los países afiliados a dicha organización.
El principio de legalidad es de carácter jurídico, por tanto su sola
vigencia no puede impedir que se produzcan abusos y desafueros, pero sí que
unos y otros existan bajo una apariencia de juridicidad.
El principio representa un límite al poder punitivo del Estado, ya que en
un sentido impide que le sea aplicada una sanción penal a una persona que no ha
incurrido en ningún delito; y en otro sentido,
a quien haya cometido un delito, le es aplicada una sanción según lo
tipificado en el código penal, por que amerita ser castigada por los hechos
cometidos.
CONSECUENCIAS
JURÍDICAS DE LA LEY PENAL
1.
Exclusividad: Debido al principio de legalidad, la ley penal es la
única fuente propia del derecho penal.
2. Exclusión, eliminación y proscripción de la analogía
del campo penal: en virtud del principio legalista, la analogía no
representa ninguna fuente para aplicación de la ley en el área penal, es
indispensable que el delito este tipificado como tal en el respectivo código
penal.
3.
Irretroactividad de la ley penal: La ley
penal no tiene efecto retroactivo, no puede aplicarse a los hechos perpetrados
antes de su entrada en vigencia. La
irretroactividad tiene solo una excepción: solo habrá retroactividad cuando
la ley favorezca al reo.
CONCLUSIONES
La Ley Penal es la
que define los delitos y las faltas, en
ella se determinan las responsabilidades
de los individuos que violan el ordenamiento jurídico y especifica las penas que corresponda según
el delito cometido.
Se entiende que al
establecer la primacía del ordenamiento jurídico, todo hecho o acto que lo vulnere debe ser
considerado como delitos, por lo cual en el Código Penal están tipificados para
que puedan ser calificados y sancionados de acuerdo a lo allí descrito.
La ley penal es la única fuente
directa del derecho penal, ya que en virtud del principio de legalidad, los
hechos criminosos deben estar previamente tipificados en la ley penal para
poder sancionarlos.
Asimismo es importante destacar que
la ley penal tiene una significación política por cuando constituye una
garantía para los ciudadanos y el ejercicio de su libertad, asegurándoles que
sólo podrán ser castigados (limitados de libertad) por hechos que hayan sido
previamente establecidos en la ley, lo que constituye una barrera en contra de
la arbitrariedad de la justicia penal.
La Ley penal expresa el pensamiento del
legislador e implica siempre un juicio de valor -imperativo y desfavorable-
sobre determinada conducta que desaprueba y castiga con una pena. La función
que desempeña la Ley penal es castigar determinadas conductas dañosas en la interacción
de los individuos dentro de la sociedad.
Se hace necesario destacar que la ley penal
es exclusiva ya que el principio de legalidad le confiere el poder de ser la
única fuente del derecho penal. A su vez elimina la posibilidad de emplear la
analogía para aplicar la ley en el área penal por la tipicidad de los
delitos,
REFERENCIAS
ü Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, Nro. 36.680
del 30 de diciembre de 1999. Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999). Caracas Venezuela.
ü Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nro.
6.078, Extraordinario, 15 junio 2012. Código Orgánico Procesal Penal (2012). . Caracas
Venezuela.
ü Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N: 39.818, 12
de diciembre 2011. Código Penal (2011).
Caracas Venezuela.
ü Grisanti,
H. (2014). Manual de Derecho Penal. Parte General Vigésima Sexta Edición. Editores
Vadell Hermanos. Valencia. Venezuela.
ü Muñoz,
F. (2010). Derecho Penal Parte General. 8a Edición Tirant lo Blanch Valencia.
ü Arteaga,
A. (2006). Derecho Penal Venezolano. Ediciones McGraw Hill
Interamericana. Venezuela.
ü Cabanellas,
G. 2007. Diccionario Jurídico Elemental. Ediciones Heliasta. Buenos
Aires.
ü Vásquez,
M. 2017. El Sistema Acusatorio. Editorial Abediciones. Caracas, Venezuela.
ü Terradillos,
J. Culpabilidad-Responsabilidad.
Consultas
OnLine:
